El economista Ignacio Munyo abrió la Zafra Lechera 2027 con un diagnóstico duro: costos altos, regulaciones trabadas y oportunidades que no se pueden desperdiciar.
Con un dólar a $ 40,3 en abril y un 18% por debajo de la paridad histórica promedio, Uruguay enfrenta un problema serio de competitividad, advirtió el director ejecutivo de Ceres durante una charla organizada por la SPLF en el marco de la Expo Holando Florida titulada Pensemos en el futuro de la lechería.
Las proyecciones del Presupuesto no ayudan: el tipo de cambio implícito para fines de 2029 es de apenas $ 40,90. Para dimensionar el problema, Munyo recurrió a una comparación concreta: si el dólar estuviera hoy donde estaba en setiembre de 2021, cotizaría a $ 48. Frente a ese escenario, se acumulan pérdidas de competitividad del 17% con Estados Unidos, 34% con China y 10% con Brasil. La única excepción es Argentina, con la cual se logró abaratarse un 75% en bienes y servicios. “La ganancia de competitividad no va a venir por el dólar, va a venir por otro lado”, advirtió el economista.
A ese diagnóstico cambiario se suma el costo logístico. El puerto de Montevideo —que protagonizó un octubre negro el año pasado con 11 días de paro— es, según los propios exportadores, un 40% más caro que los puertos de Río Grande o San Antonio, en Chile. Un diferencial que pesa sobre cada embarque y que erosiona márgenes en una cadena que ya opera con poco margen de maniobra.
Una ley que viene, pero llega corta
En ese contexto, Munyo informó que en los próximos días se conocerán cambios regulatorios con la intención de simplificar trámites y reducir costos, tras un proyecto de ley que presentará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Ceres trabajó en el proceso y presentó 303 propuestas al Ministerio de Economía junto a empresas y cámaras del sector privado. El relevamiento identificó que casi el 60% de las normas vigentes son lo que el economista llamó “normas por las dudas”: regulaciones que buscan evitar riesgos o errores, pero que terminan generando costos administrativos desproporcionados. Otro 28% son normas con nombre y apellido, diseñadas para proteger intereses sectoriales específicos.
Pero Munyo fue directo en señalar el límite de lo que viene. La futura ley dejará afuera cuatro áreas que son, justamente, algunas de las más sensibles para el sector productivo: los costos laborales, la regulación portuaria y logística, la energía y los combustibles, y el crédito regulado por el BCU.
“Va a ser una ley de desregulación, no de competitividad”, resumió, sin rodeos.
El problema de fondo es estructural. El gasto público en Uruguay creció a una tasa promedio del 3,5% anual desde 2005, mientras la población apenas se movió un 0,2%. El país tiene un funcionario público cada 12 habitantes, cuando el promedio mundial es uno cada 32. Y, según Munyo, el 78% de los legisladores cree que el Estado debería mantener o incluso aumentar su tamaño. En ese escenario, la reducción de costos vía desregulación enfrenta una resistencia que va más allá de la voluntad del Ejecutivo.
Las ventanas que no hay que perder
Pese al diagnóstico duro, Munyo identificó oportunidades concretas que Uruguay no puede darse el lujo de desaprovechar. El Acuerdo Transpacífico agrupa a 12 países, representa el 12% del PIB mundial y alcanza a 600 millones de personas. Uruguay avanzó con el Tratado de Patentes, pero todavía tiene pendientes en facilitación de comercio y compras públicas, donde el 100% de los legisladores oficialistas acepta que las empresas públicas tengan privilegios frente a las privadas. Un nudo difícil de desatar.
El ingreso a la OCDE es otra ventana. Costa Rica ya está adentro y sirve de ejemplo en materia de evaluación sistemática de regulaciones. Argentina, Brasil y Paraguay ya solicitaron formalmente su adhesión. Uruguay, todavía no.
Y sobre el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, Munyo no tuvo contemplaciones. Calificó de “penoso” el festejo por las cuotas obtenidas en productos como miel, huevos o arroz.
“Estamos festejando migajas cuando el mundo es gigantesco para nuestra producción”, dijo.
Fueron los propios gobiernos argentinos los que durante años frenaron este acuerdo, y hoy celebran cuotas que no condicen con el potencial exportador de la región, recordó.
Para la cadena láctea el mensaje fue directo: el acuerdo le da diez años para prepararse y competir con Europa. No es poco tiempo, pero tampoco es eterno. El reloj ya corre.
